En la cadena de actores que forman parte del fenómeno migratorio están los salvadoreños, que por miles salen del país; una difusa política de Estados Unidos para tratar el asunto y la proliferación de organizaciones a favor y en contra de los inmigrantes, que llegan a trabajar a los precios más bajos del mercado.
Sergio Arauz
cartas@elfaro.net
Publicada el 30 de abril - El Faro
En Herndon, Virginia, hay un particular centro de ayuda a personas que no tienen papeles y que ofrecen su mano de obra a precios muy baratos dentro del mercado estadounidense. Cada día llegan entre 30 o 40 personas a las seis de la mañana. Unos son salvadoreños, otros mexicanos, y siguen –si se clasifica por cantidad- los nicaragüenses y hondureños. Hablan español y los que más suerte tienen mastican el inglés, una ventaja entre el sector de habitantes en situación más desventajosa. Los que no están en este centro, piden trabajo en las esquinas de las calles, cerca de una gasolinera. El costo por hora de trabajo de esta mano de obra es menor que el del precio ofertado en el centro de ayuda. Los que venden su trabajo en la calle corren el riesgo de que los clientes no paguen el servicio, so pretexto de denunciarlos por no tener papeles. Por eso, dice Bill Threllkeld, es que los inmigrantes sin permiso de trabajo del gobierno de los Estados Unidos han optado por acudir a centros como el de Herndon, financiado por el condado de Fairfax. Threllkeld es director del lugar, un hombre blanco que habla muy bien el español y al que todos los inmigrantes respetan. Todos se dirigen a él con el tono del discípulo que habla a su entrenador. Los inmigrantes trabajan por un mínimo de 10 dólares la hora y el empleador debe contratarlos al menos por una jornada de cuatro. Según la especialización del trabajo es el precio, que puede llegar a los 17 dólares por hora. Cortar césped, mover muebles, cargar camiones, usar maquinaria industrial y la carpintería son los oficios más demandados en este lugar. Los contratan, en su mayoría, estadounidenses que no quieren pagar tanto por un trabajo que no les gusta hacer. Son las 10 de la mañana. Un carro -pick up gigante- color blanco entra a buscar a dos jornaleros que sepan manejar podadoras industriales, al menos uno debe hablar inglés. El turno se rifa al azar según el número de trabajadores que entren en el perfil. Si solo hay uno que hable inglés y sepa manejar la maquinaria, ese obtiene el trabajo. La otra plaza se rifa. Pagar mano de obra barata y buscar por ello a personas que hagan tareas que los ciudadanos de Estados Unidos no quieren hacer no es algo nuevo en la economía de esta potencia. Pero ahora existe, a diferencia de hace tres años, una relativa importancia del “tema migratorio” en la opinión pública. Luis Gutiérrez, congresista demócrata que impulsa un proyecto de reforma apoyado por una alianza de organizaciones pro inmigrantes, es de los que aún cree posible una aprobación que incluya un plan de legalización para quienes están en Estados Unidos desde el 1 de julio del año 2006. Su propuesta, conocida como Gutiérrez-Flake, también tiene la firma de Jeff Flake, congresista republicano por el estado de Arizona. Hasta el momento es el único proyecto con posibilidades de ser aprobado. Este incluye un duro programa de requisitos para los inmigrantes y aún así no tiene el apoyo de toda la bancada demócrata y también despierta dudas entre los republicanos. Según fuentes del Congreso, si antes de agosto de este año no hay acuerdo definitivo, no habrá reforma. Las elecciones de 2008 y el receso en el Congreso son los principales enemigos de este proyecto que, como muchos, ha muerto en la Cámara de Representantes. Los pasos esperados para una aprobación también incluyen que dentro del Senado (cámara baja) salga un anteproyecto que se pueda integrar con el de Gutiérrez-Flake. Hasta el momento no hay visos cercanos de que ocurra, pero hay rumores de que antes de agosto podría salir una propuesta del senado. Manuel Guzmán, salvadoreño que en Estados Unidos utiliza otro nombre –para no tener problemas que no explica- tiene 3 años de haber emigrado. Él dice estar muy informado y lo parece. Tiene conocimiento general del aumento de deportaciones, sabe que en Estados Unidos es perseguido por el ICE - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement) y conoce de algunos proyectos municipales que pretenden prohibir a los empleadores estadounidenses dar trabajo a salvadoreños como él, sin papeles. Manuel cree que ya aprobaron el proyecto Gutiérrez -Flake y cuando le digo que es mentira duda de mi conocimiento del tema. ¿Pero en El Salvador como se dio cuenta? “¿En qué medio leyó o escuchó que ya se aprobó un proyecto pro inmigrante?, respondo. El detalle económico Manuel se vino de El Salvador porque “allá”, dice desde Virginia, no hay esperanza de ganar mil dólares al mes y ahorrar. Tiene a una hija en la Universidad, un problema en la comunidad que vive en el departamento de la Libertad y alguna esperanza de estabilizarse para volver a su país de origen. “Ya he ganado 2 mil dólares”, dice el salvadoreño que también tiene noticias de cómo ha aumentado el número de homicidios en su país y de cómo sus hijos quieren emular su decisión de emigrar a Estados Unidos. Hace dos años que no gana esa cantidad de dinero. Y, desde hace un año, dice, ha ganado casi mil dólares al mes, de los que solo 100 o 200 puede mandar a El Salvador. El alquiler de un cuarto le cuesta 300 dólares y vivir en Virginia es caro. El dinero que manda, según números del Banco Central de Reserva, es parte de los 3.3 mil millones de dólares que ingresaron al país en concepto de remesas el año pasado. Este rubro, motor de la economía salvadoreña según el Programa de Naciones Unidas en El Salvador, significa el 19% del Producto Interno Bruto del país y según estimaciones del BCR las remesas tienden a aumentar, pese a la coyuntura económica de E.U.A. “Las remesas son un motor para el desarrollo, pero en ningún caso pueden sustituir la aplicación de políticas nacionales sólidas en los países”, comenta Humberto López, economista senior del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y autor de varios informes sobre políticas para el desarrollo, consecuencias económicas de los conflictos centroamericanos y políticas para erradicar la pobreza. “A pesar de ser positivas, sus efectos sobre la pobreza y la desigualdad son bastante modestos en la mayoría de los casos”. Por cada uno por ciento de aumento de las remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la fracción de la población que vive en la pobreza se reduce en un 0,4 por ciento. Además, se estima que el aumento de 1,6 por ciento en estos flujos como porcentaje del PIB ocurrido entre 1991 y 2005 se tradujo en un incremento de 0,27 por ciento en el crecimiento del PIB per cápita. Entre la cadena del fenómeno migratorio está Manuel, la remesa que intenta mandar cada mes, el gringo del pick up gigante que llega a contratarlo por un precio muy competitivo dentro del mercado de trabajo estadounidense y el convencimiento de los congresistas Gutiérrez y Flake de que requieren esa mano de obra para mantener la economía de Estados Unidos, que pierde terreno ante el crecimiento económico de China continental. Paul Krugman, columnista de New York Times y profesor de economía y de asuntos internacionales de la Universidad de Princeton, lanza una pregunta importante: ¿Qué pasaría si China deja de comprar la deuda de Estados Unidos? “China exporta un montón de bienes, y las financieras están invirtiendo fuertemente allí, así que goza de un enorme superávit comercial. Pero en lugar de quedarse todo ese dinero, Beijing lo está utilizando, abrumadoramente, para comprar deuda del tesoro norteamericano. China bien podría decidir detener esto. Si es así, el dólar cae enormemente, las tasas de interés norteamericano suben y nuestra burbuja inmobiliaria explota", responde Krugman desde uno de sus artículos en su blog. Lejos de empeorar, sin embargo, la economía de la potencia se mantiene. La estabilización de las tasas de interés y del crecimiento de la economía permitieron a los expertos en Estados Unidos aliviar la preocupación que se había generado durante el primer mandato de George W. Bush, en la que se anunció una recesión pronosticada por el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Después de Japón, país al que Estados Unidos debe $668 mil millones, China es el prestamista más importante de la potencia occidental. China ha comprado bonos del tesoro de E.U.A por un valor de 263 mil millones de dólares. Lo que preocupa a Krugman y otros economistas es qué pasará cuando China y Japón dejen de comprar los bonos que mantienen el déficit fiscal de Estados Unidos. El escenario al que teme Krugman no se vislumbra a corto plazo, pero es una amenaza económica seria. Si esto pasara, la tasa de desempleo caería y los estadounidenses que contratan mano de obra barata en Herndon no podrían hacerlo, ya que estarían más preocupados por pagar las altas tasas de interés de sus préstamos que provocaría este escenario. Los guardas de la puerta Desde que la opinión pública de Estados Unidos prestó atención al asunto migratorio, han nacido y se han desarrollado grupos a favor y en contra de los inmigrantes. Entre los que están en contra destacan Minuteman, la FAIR, (Federación por una Reforma de Inmigración Americana) y la American Hispanic Voices Speaking Out Against Illegal Immigration, grupo de hispanos que ingresaron legalmente a Estados Unidos y que apoyan las medidas de los Minuteman. Entre ellos están Tony Dolz, inmigrante de origen cubano que busca un puesto en el congreso de los Estados Unidos por el Estado de California. Tony es un blanco de baja estatura para el promedio de compañeros que con él alquilaron parte del Hotel Irlandés de Washington para lanzar una campaña contra inmigrantes ilegales. “No soy racista”, responde al preguntarle si detrás de sus posturas políticas hay una teoría racial. Quiere cerrar las fronteras, literalmente (apoyando el muro) y “reforzar el sistema legal” de tal forma que impida que los migrantes que no tienen papeles encuentren espacios para desarrollarse en Estados Unidos. “No se debe permitir dar trabajo, no se tiene que permitir pedir trabajo de forma ilegal, no debe permitir el ingreso”, resume en un español que aún recuerda, pero que no practica. Dolz se enorgullece de pertenecer al grupo de fundadores de Minuteman, y según dice nunca han violado los derechos de los inmigrantes, pues se dedican a ayudar a las autoridades del gobierno para detener el auge de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera. Con él está Anna Gaines, del grupo de Hispanos que entre sus lemas tienen “ellos no hablan por nosotros”, en referencia a las organizaciones pro inmigrantes que apoyan la legalización de los indocumentados. Anna es bajita, gorda y no puede esconder sus rasgos hispanos. Es de origen mexicano, y a diferencia de Tony Dolz ella prefiere el inglés para responder preguntas. Gaines se opone a los métodos ilegales y por ello no apoya las marchas ni el proyecto Guitiérrez-Flake. También se opone a los permisos temporales y habla de una solución para los inmigrantes: aplicar a entrar a Estados Unidos siguiendo el camino legal. Estos grupos tienen sus contrapartes hispanos que, el año pasado, lograron convocar multitudes de inmigrantes latinos para marchar el uno de mayo como protesta por la necesidad de reforma migratoria que beneficie a los cerca de 12 millones de indocumentados. De acuerdo con una encuesta realizada a mediados de abril por el periódico USA Today, la mayor parte de los estadounidenses le dan la razón. El 78 por ciento de los que respondieron a la encuesta creen que a los inmigrantes ilegales debería dárseles alguna oportunidad de optar por la ciudadanía estadounidense. Clarissa Martínez es parte de la Coalición por una Reforma Migratoria Integral (Coalition for Comprehensive Immigration Reform o CCIR) encabezada a su vez por varias organizaciones grandes como el Consejo Nacional de la Raza, los sindicatos estadounidenses del sector servicios y hoteles, el Foro Nacional de Inmigración y otro resto de agrupaciones comunitarias y religiosas. Ella defiende a capa y espada el derecho al trabajo de los indocumentados y, sin decirlo, apoya que miles de inmigrantes crucen la frontera de los Estados Unidos violando la ley. Martínez habla de mecanismos para que los inmigrantes puedan ocupar puestos de trabajo en los Estados Unidos y de un proceso de legalización a favor de los hispanos. Como su contraparte está ICE, que tiene la meta de encontrar y regresar a su país de origen a cerca de 600 mil inmigrantes contra los que puede proceder. A ello se suman más de 162 normativas municipales internas que intentan cerrar las puertas a los que siguen llegando a Estados Unidos. Hace dos años, en este municipio estadounidense aprobaron una ordenanza que prohíbe solicitar empleo en las calles al que se agrega la prohibición de emplear personas que no estén de forma legal en Estados Unidos. Según los números del Servicio de Migración y Control de Aduanas hay cerca de 670 mil personas fichadas que agentes de cuerpos especiales buscan para deportar. Los 75 equipos de un número no revelado de agentes tienen potestades de entrar a las casas de los inmigrantes sin documentos y remitirlos a un juez o deportarlos. Esta oficina focaliza su trabajo según el perfil del perseguido, si tiene antecedentes delictivos o gravedad del crimen cometido. La ciudadanía en cuestión Según el último estudio del PNUD, este salvadoreño forma parte de los 2.5 millones de salvadoreños excluidos. “Son objeto de violaciones frecuentes a sus derechos fundamentales, ya sea durante el tránsito hacia el país de destino, o durante su estadía en este, o durante el proceso de deportación a su país de origen. La mayoría de los 2.5 millones de salvadoreños que se encuentran viviendo fuera del país, principalmente en Estados Unidos, no está en condiciones de ejercer su derecho a participar en el ejercicio del poder o como elector”, indica el estudio publicado a principios de este mes. Entre ellos se encuentran los que migran en forma más ventajosa. Como los ocho de cada diez haitianos y jamaiquinos con títulos universitarios que viven fuera de sus países y el 50% de los profesionales universitarios de algunos países de América Central y del Caribe que también viven en el extranjero. Las cifras provienen del informe conocido “fuga de cerebros”, patrocinado por el Banco Mundial. De acuerdo con este estudio, difundido a finales de octubre, tres de cada diez salvadoreños con un título universitario dejan el país. El impacto y poder económico que tienen las remesas en El Salvador no se traduce en derechos que tienen este sector de salvadoreños. No pueden votar, no son consultados y no tienen conocimiento de los derechos que tienen en ambos países. Los salvadoreños en Herdon consultados se quejaron de la falta de oportunidades de su país. Manuel se quejó del sistema legal, de la delincuencia, del poco salario que puede ganar en el país y aún así dice que el derecho a voto no estaría entre sus prioridades. “Me interesa más que el gobierno gaste en oficinas de abogados en Estados Unidos”, dice. William Pleitez, en el lanzamiento de Informe de Desarrollo Humano del año pasado, enfocado en el impacto de la migraciones, lanzó una advertencia: “El país tiene que prepararse para cuando la migración y la remesa deje de crecer, si no lo hacemos el país podría experimentar un verdadero colapso”, dijo a El Faro. Tanto afecta lo que pasa en Estados Unidos, que si Concepción de Oriente, municipio de La Unión, dejara de percibir remesas, perdería mensualmente más de 200 mil dólares. “En el pueblo somos 10 mil habitantes. Pero el 40 por ciento está allá, unos 4 mil o un poco más”, dijo el alcalde a este periódico hace unos meses. Según números del Banco Central de Reserva, 3.3 mil millones de dólares ingresaron al país en concepto de remesas. Esto representa el 19% del Producto Interno Bruto del país. Según el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) de los Estados Unidos, los inmigrantes no son solo jornaleros. “En 2004, el 50 % de los estudiantes matriculados en programas de postgrado en Ingeniería en el sistema de educación superior de Estados Unidos nacieron en el extranjero”, dice el estudio Inmigración y el futuro de los Estados Unidos. El Pew Hispanic Center, divide el pastel de hispanos en: 11.5 o 12 millones de inmigrantes “no autorizados”, 11.5 millones de ciudadanos naturalizados anteriormente, 1.3 millones que tienen permiso temporal de residencia y 11.8 son residentes legales. Desde que el debate migratorio cobró fuerza en la agenda pública, los grupos a favor y en contra de la migración se han fortalecido y reflejan una división en la sociedad de Estados Unidos. Independiente a los debates políticos, está el impacto económico que tienen los inmigrantes en países como El Salvador y la ayuda que estos dan a la economía de Estados Unidos. Las remesas son imprescindibles para la economía salvadoreña y benefician al estadounidense que puede pagar mano de obra barata. En El Salvador, para 2004, las remesas significaban el 655% de la inversión extranjera, 140% de la carga tributaria, 91% del presupuesto general de la nación y 202% del gasto social.
Los salvadoreños que llegan a Herndon, como Manuel, forman parte de un grupo de ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos. Manuel dice que quisiera votar en El Salvador y tener algún derecho de opinión en Herndon, lugar donde reside de forma ilegal.
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